Por: *Liana Becocci

Las fuertes lluvias que han caído en Río de Janeiro en las últimas semanas revelaron cuánto puede costar la omisión de los gobiernos en relación a la ocupación desordenada del suelo. El problema no es exclusividad del Estado fluminense. Las construcciones irregulares (tanto casas populares como de clase media alta), muchas localizadas en áreas de riesgo o de protección ambiental, son parte del paisaje urbano en todas las regiones brasileñas.

São Paulo, la principal metrópoli del país, tiene cerca del 16% de su población viviendo en loteos informales, según encuesta de la Fundación Seade 2008. Son más de 1,7 millones de personas, casi lo mismo que la población de capitales como Porto Alegre, Curitiba, Recife y Manaus, donde el problema también existe y es grave.

Como en episodios similares, las autoridades públicas de Río de Janeiro anunciaron planes ambiciosos de remoción de las familias que viven en las áreas condenadas. La tarea no será fácil, y los gobernantes tienen conciencia de eso, tanto que suelen evitar esa acción por considerarla impopular.

Las tensiones sociales pueden de hecho derivarse del desplazamiento de personas, así como la pérdida de los vínculos comunitarios establecidos, del empleo y de los bienes culturales. Sin embargo, esos impactos negativos pueden ser mitigados, por medio de acompañamiento social eficaz y de procesos que aseguren la participación efectiva de la comunidad. Es la denominada gestión social, que busca asegurar la remoción con dignidad.

La experiencia confirma que la contrapartida del reasentamiento realizado en esas bases compensa los posibles costos, ya sean sociales o políticos. Los primeros beneficios son la mejora de la calidad de vida de la población desde el punto de vista de las condiciones de habitabilidad; la regularización jurídica de la situación de las familias, permitiendo una inserción social amplia, especialmente cuando el desplazamiento es acompañado por la planificación urbana integral de la nueva área, con garantías de acceso a servicios de saneamiento, transporte, salud, etc.

Otro punto positivo es la posible generación de trabajo y renta durante las obras, beneficio que puede extenderse a las comunidades cercanas. Todo este proceso crea condiciones para evitar que se establezcan nuevas ocupaciones clandestinas.

Después de la tragedia de Río de Janeiro -y de otras que la precedieron, como la del Morro do Baú en Santa Catarina, y la del Jardim Pantanal en São Paulo, solo para citar algunas de las más recientes- queda claro que, el Estado no puede más ignorar el problema de la ocupación irregular. El reasentamiento se presenta como una solución inmediata viable para la reducción de la vulnerabilidad social y urbana de las víctimas, sin embargo, debemos recordar que, la solución definitiva y estructural para el problema pasa por una gestión eficiente del uso del suelo y por políticas sociales más eficaces.

*Liana Becocci es ingeniera y directora de IEME Brasil, empresa de ingeniería consultiva con certificación ISO 9001/2000 en Gestión Social y experiencia consolidada en innumerables trabajos realizados para las Municipalidades de São Paulo y Suzano, Dersa (Desarrollo de Carretera), CDHU (Compañía de Desarrollo Habitacional y Urbano), entre otros clientes.