Por: Liana Becocci / Folha do Condomínio

Las fuertes lluvias que han azotado a Río de Janeiro en las últimas semanas han puesto de manifiesto cuánto puede costar la omisión del gobierno en relación con la ocupación desordenada de la tierra. El problema no es exclusivo del Estado de Río de Janeiro. Las edificaciones irregulares (tanto viviendas de bajos ingresos como de clase media-alta), muchas ubicadas en áreas de riesgo o de protección ambiental, forman parte del paisaje urbano en todas las regiones brasileñas.

São Paulo, la principal metrópoli del país, tiene alrededor del 16% de su población que reside en barrios informales, según una encuesta de la Fundação Seade de 2008. Hay más de 1,7 millones de personas, casi la misma población de capitales como Porto Alegre, Curitiba , Recife y Manaus, donde el problema también existe y es grave.

Como en episodios similares, las autoridades públicas de Río de Janeiro anunciaron planes ambiciosos para desalojar a las familias que vivían en áreas condenadas. La tarea no será fácil, y los gobernantes son conscientes de ello, tanto que tienden a evitar esta acción por considerarla impopular.

De hecho, las tensiones sociales pueden resultar del desplazamiento de personas, así como de la pérdida de vínculos comunitarios establecidos, empleo y bienes culturales. Sin embargo, estos impactos negativos pueden ser mitigados a través de un monitoreo social efectivo y procesos que aseguren la participación efectiva de la comunidad. Es la llamada gestión social, que busca garantizar la remoción con dignidad.

La experiencia confirma que la compensación por reasentamiento realizada sobre estas bases compensa los posibles costos, ya sean sociales o políticos. Los primeros beneficios son la mejora en la calidad de vida de esa población desde el punto de vista de las condiciones de vida; la regularización jurídica de la situación de las familias, permitiendo una amplia inserción social, principalmente cuando el desplazamiento va acompañado del urbanismo integral de la nueva zona, con garantías de acceso a los servicios de saneamiento, transporte, salud, etc.

Otro punto positivo es la posible generación de trabajo e ingresos durante las obras, beneficio que puede extenderse a las comunidades cercanas. Todo este proceso crea condiciones para evitar que se establezcan nuevas ocupaciones clandestinas.

Después de la tragedia de Río de Janeiro –y otras que la precedieron, como Morro do Baú, en Santa Catarina, y Jardim Pantanal, en São Paulo, por mencionar algunas más recientes–, es claro que el Estado no es más puede ignorar el problema de la ocupación irregular. El reasentamiento se presenta como una solución viable inmediata para reducir la vulnerabilidad social y urbana de las víctimas, sin embargo, debemos recordar que la solución definitiva y estructural al problema pasa por una gestión eficiente del uso del suelo y políticas sociales más efectivas.

*Liana Becocci es ingeniera y directora de Ieme Brasil, empresa de ingeniería consultora, con certificación ISO 9001/2000 en Gestión Social y experiencia consolidada en numerosas obras realizadas para los municipios de São Paulo y Suzano, Dersa (Desarrollo Vial), CDHU (Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano), entre otros clientes.